SOBRE LA MANIFESTACIÓN CONTRA LA LOE

La Guía de la Rioja

OPINIÓN

TRIBUNA

Que no mientan

MIGUEL A. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ/SECRETARIO GENERAL FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CC.OO. DE LA RIOJA

CUANDO se gestó la LOCE, algunos dijimos que se trataba de una Ley promulgada por el Partido Popular, pero inspirada por la Iglesia Católica y al servicio de las patronales de la enseñanza privada, la mayor de las cuales es la propia Iglesia. Hubo quien opinaba que estábamos exagerando. Sigo pensando que era una afirmación que condensaba los objetivos principales de la norma legal. Y la manifestación del día 12 de noviembre, pone notoriamente de manifiesto esa confluencia de intereses.

No seré yo, que he convocado unas cuantas y he animado a participar en muchas más, quien censure una manifestación, el derecho constitucional a expresar la discrepancia por ese medio. Sin embargo, no me parece honesto, ni valiente, esconder, al redactar lemas y proclamas, el verdadero objeto de la convocatoria.

Y, en mi opinión, y hay que decirlo alto y claro, lo que se pretende con esta manifestación es defender los intereses de la Iglesia, de su jerarquía, para mantener unos ya muy antiguos privilegios, los réditos ideológicos de una religión casi impuesta; de la patronal de la privada para esquivar los controles de los fondos públicos que recibe, poder seguir cobrando de forma irregular por un servicio público y seguir eligiendo a sus alumnos; y del Partido Popular, al que cualquier excusa le viene bien para erosionar al Gobierno. Ninguna preocupación real por el fracaso escolar o la calidad de la educación, ninguna por el derecho a la educación de los padres, madres e hijos. Estas tan sólo son las excusas para atraerlos a la manifestación, mientras se callan los menos confesables y menos nobles objetivos reales.

En 1985, contra la LODE, se produjo una de los más importantes movimientos frente una ley educativa en este país. Paradógicamente, los centros privados concertados, que entonces lucharon contra ella, le deben, no sólo su supervivencia, sino su actual pujanza. Algo parecido pasa en este momento. Nada hay en el proyecto de LOE que justifique tal indignación: ni se recorta el presunto derecho de los padres a seleccionar el centro educativo, ni se pretende sacar a la religión de la escuela, ni se pretende recortar el número de conciertos educativos Si sale adelante la LOE tal como está volverán a salir beneficiados.

El proyecto de LOE ha defraudado muchas de las expectativas que la izquierda depositó en el nuevo Gobierno del PSOE. No es, desde luego, un proyecto de izquierdas. Se trata, así lo creo yo, de un intento de alcanzar lo que es un clamor popular, un acuerdo de Estado por la educación que dote de estabilidad al Sistema Educativo. Desde este punto de vista, aunque no coincida con nuestros planteamientos, las organizaciones de izquierda hemos hecho un esfuerzo real por alcanzar ese ansiado consenso moderando nuestros planteamientos. Sin embargo -y por eso es más indignante oírles reclamar diálogo y acuerdo- fueron quienes ahora convocan esta manifestación quienes se encargaron de dinamitar cualquier posibilidad de pacto por la educación en este país. Como ahora, en su papel de brazo ejecutor de la conferencia episcopal, la Concapa movía el árbol, mientras la patronal de los centros religiosos esperaba a recoger las manzanas. Como no ha habido manzanas, o -mejor- no ha habido tantas como querían, se abre una guerra escolar que, a quien desde luego no beneficia, es a la educación de este país.

Resulta indignante que se manifiesten invocando la libertad aquellos que en realidad pretenden recuperar privilegios que tenían en aquel régimen teocrático que fue la dictadura, quienes llevaron bajo palio al dictador.

Nadie pretende sacar la religión de la escuela -¿ojalá fuera así-, lo que parece es que podría conseguirse que para que algunos estudien religión, los que no lo deseen no tengan que cursar una alternativa, o peor se les imponga la religión «aconfesional». Nadie pretende recortar los conciertos, tan sólo una tímida referencia a la necesidad de que el Estado, las Administraciones educativas, tengan capacidad para planificar racionalmente la oferta. Nadie pretende limitar el derecho a elegir centro, sólo establecer una comisiones que intenten mejorar algo la distribución homogénea del alumnado entre todos los centros que imparten enseñanzas sufragadas con dinero público. Nadie pretende, y mira que sería necesario, limitar las competencias de los propietarios de unos centros que pagamos entre todos, tan sólo dificultar que puedan cobrar a sus alumnos por una enseñanza gratuita.

Ahora bien, esa no es su situación ideal. Desearían que la religión fuera una asignatura fundamental, evaluable a todos los efectos; que aquellos que no la quieran sean penalizados u obligados a estudiarla en ese contrasentido de variante «no confesional». Después de todo -creen desde esa superioridad en la que les coloca ser depositarios de la verdad revelada- sin religión no hay moral, así que mal nos les vendrá.

El ideal para los centros concertados es que puedan hacer y deshacer a sus anchas. ¿No es suyo el centro? ¿Qué mas dará que se pague con dinero público! ¿Por qué no van a seguir educando a los mejores? ¿Acaso no han estudiado desde siempre las élites en los colegios religiosos?, pues que les dejen hacer su labor, que para enseñar a los pobres, a los inmigrantes, a los problemáticos ya está la enseñanza pública. Y ¿por qué no van a poder recibir el dinero que gustosamente les dan los padres y madres, si lo hacen voluntariamente?, además, de paso, dejamos claro a quienes no pueden pagarlo que ése no es su sitio.

Me parece muy bien que se convoquen tantas manifestaciones como consideren conveniente, pero que reconozcan a por qué van. Que asuman los obispos que están manteniendo, en esto como en tantas otras cosas, una posición que no se corresponde ni siquiera con la doctrina que predican. Ahora eso sí, el Partido Popular sí les sabrá agradecer los servicios prestados

¿Ah! Y que no digan que quieren dignificar al profesorado, eso déjennoslo a nosotros, no sea que nos quieran dignificar tanto como al profesorado de religión, a quien niegan hasta el mínimo derecho laboral -y eso que están a su servicio y que lo seleccionan ellos de forma arbitraria- o al profesorado de la enseñanza privada al que sólo otorgan mejoras cuando paga la Administración, pero el mínimo posible en los tramos no concertados. No tienen ninguna autoridad.